Hay medidas que se disfrazan de sensibilidad social, pero que en el fondo terminan siendo una condena a largo plazo para quienes dicen proteger. El debate sobre la posibilidad de eliminar las contraprestaciones para el cobro de las asignaciones familiares en Uruguay es el ejemplo perfecto de cómo una mala idea puede hipotecar el futuro de miles de familias.
La propuesta es clara: se plantea quitar la obligación de que los jóvenes certifiquen su asistencia a un centro educativo o cumplan con los controles de salud para que sus familias reciban el beneficio económico. Y lo digo con total convicción: este no es el camino.
El peligro de confundir ayuda con dependencia
Las políticas sociales nacieron con un propósito noble y estrictamente necesario: tenderle una mano al que se cae, ayudarlo a sostenerse en un momento de crisis y darle herramientas para que, el día de mañana, pueda caminar solo. Pero cuando el gobierno nacional decide que ya no es necesario exigir nada a cambio, la ayuda se transforma en asistencialismo puro.
Se rompe un pacto social fundamental. El Estado deja de ser un trampolín que impulsa hacia arriba y se convierte en una hamaca que anestesia. Y lo peor de todo: lo hace con los recursos del ciudadano común, del que se levanta a las seis de la mañana, del que levanta la cortina de su comercio, del que paga sus impuestos y entiende que en la vida las cosas cuestan.
La educación no puede ser opcional
La contraprestación nunca fue un castigo; siempre fue una garantía. Exigir que un niño o un adolescente vaya a la escuela o al liceo para cobrar una asignación es la única forma real que tiene el Estado de asegurarse de que ese joven tenga un futuro distinto al de la pobreza.
Si quitamos esa exigencia, ¿qué mensaje estamos dando desde la política uruguaya? Estamos diciendo que da lo mismo esforzarse que no hacerlo. Estamos validando la deserción escolar, pero esta vez, subsidiada por el Estado. Le estamos diciendo a ese adolescente que su educación no importa tanto, total, el cheque a fin de mes va a llegar igual. Eso no es tener sensibilidad; eso es mirar para un costado.
Cuando el gobierno elige el camino fácil
Acá es donde queda en evidencia una forma de gestionar que nos hace mucho daño. Para cierta mirada de la política, parece ser mucho más fácil repartir recursos sin control que hacer el verdadero trabajo: ir al territorio, seguir caso por caso, acompañar a las familias y garantizar que los chiquilines estén sentados en un salón de clases.
Gobernar no es repartir plata sin hacer preguntas. Gobernar es hacerse cargo de que esos recursos transformen la realidad. Eliminar la exigencia de la contraprestación es la confesión de una derrota: como el Estado no puede o no quiere controlar que los jóvenes estudien, decide dejar de exigirlo. Nivelamos para abajo, otra vez.
La cultura del esfuerzo como única salida
Quienes creemos en una sociedad de libertades y responsabilidades sabemos que no hay política social más efectiva que la educación y el trabajo. El desarrollo no se logra regalando el presente a costa de hipotecar el futuro.
El verdadero respeto por la gente más vulnerable no pasa por mantenerlos atados a una dependencia económica crónica. Pasa por darles las herramientas, exigirles que las usen y acompañarlos en el proceso de construir su propia vida. Dar sin pedir nada a cambio no es un acto de justicia; es rendirse antes de dar la batalla. Este, definitivamente, no es el camino.
“La contraprestación nunca fue un castigo; siempre fue la garantía de que el Estado no abandona el futuro de un niño.”
Por: Fernando Inzaurralde