Hay una regla que, lamentablemente, casi nunca falla en la política uruguaya: cada vez que un gremio decide medir fuerzas, el que termina pagando la cuenta es el ciudadano común que madruga para ir a trabajar.
La noticia de que la Federación Ancap (FANCAP) se declara en conflicto y marca un paro, poniendo otra vez sobre la mesa la amenaza del desabastecimiento de combustible, vuelve a encender una alarma que ya conocemos de memoria. Y el problema, como siempre, no es el derecho a reclamar. El derecho a la huelga en Uruguay es legítimo y está garantizado. El problema es cuando el reclamo se transforma en una herramienta para tomar de rehén al país que produce.
¿Quién paga realmente el costo de un paro de Ancap? No lo pagan los dirigentes sindicales desde sus asambleas. Lo paga el productor rural en el interior que no puede mover sus máquinas. Lo paga el fletero que tiene que repartir mercadería para llevar un jornal a su casa. Lo paga el trabajador que necesita su moto para llegar a su empleo y el comerciante que depende de que la cadena logística no se corte.
La distancia entre el Estado y el trabajador a pie
Hay una diferencia enorme entre reclamar desde la tranquilidad de un puesto asegurado y tener que enfrentar la incertidumbre de no saber si mañana vas a poder cargar combustible para salir a ganarte el pan. Esa es la verdadera brecha que estas medidas sindicales dejan en evidencia. Una cosa es defender derechos laborales y otra muy distinta es usar la llave del surtidor para complicarle la vida al que menos margen tiene.
Cuando se advierte sobre qué pasa con el abastecimiento, lo que en realidad se está diciendo es que la vida cotidiana de miles de uruguayos queda en pausa por una disputa que les es ajena. Y aquí es donde la mirada debe ponerse inevitablemente sobre la gestión del gobierno nacional.
Gobernar no es solamente administrar la simpatía de los gremios o mirar para el costado para no generar olas; gobernar es asegurar que el país funcione. El gobierno del Frente Amplio tiene la obligación de garantizar que un conflicto sindical en Uruguay no se convierta en un castigo colectivo. No se puede vivir de diagnósticos, de esperas pasivas o de conferencias de prensa frente a las movilizaciones sindicales. Se necesita autoridad, gestión real y, sobre todo, resultados.
Sensibilidad social o doble discurso
Lo que me parece más grave de esta dinámica es la naturalidad con la que se asume que trancar un país es una medida de fuerza válida. La sensibilidad social de la que tanto se habla no puede desaparecer justo cuando el perjudicado es el trabajador independiente, el que no tiene un sindicato que le asegure el ingreso a fin de mes. Si la medida afecta a los que trabajan, estudian y se esfuerzan todos los días, entonces la sensibilidad sin gestión termina siendo apenas una buena intención mal administrada.
El desarrollo del interior y la economía diaria de nuestras ciudades dependen de la previsibilidad. Un país en serio no puede estar mirando el reloj a ver si llega a llenar el tanque antes de que bajen la cortina por decreto. Por eso el problema no es el reclamo en sí, sino cuando el reclamo termina castigando al mismo ciudadano que se dice defender.
Porque gobernar un país no es administrar excusas ni fabricar titulares sobre posibles faltantes. Gobernar es resolver los problemas concretos de la gente que todos los días trabaja, espera y paga las consecuencias.
“El derecho a reclamar no puede transformarse en el derecho a tomar de rehén al país que trabaja.”
Por: Fernando Inzaurralde